Desde hace ya bastantes años estamos comprobando como nuestra partitocracia perjudica a los leales y beneficia a los mercaderes políticos. Pudimos confirmar esa impresión cuando recientemente se presentó el nuevo Estatuto de Aragón en el Congreso de los Diputados y vimos sus escaños vacíos de interés. Ni siquiera el Presidente del Gobierno tuvo el gesto de recibir y agradecer el leal texto de nuestro nuevo Estatuto.
Día a día comprobamos como decisiones políticas trascendentales vienen dictadas a la medida del egoísmo de unos pocos. Que existen regiones que por ser su voto decisivo obtienen a cambio un trato preferente y que otras por no tenerlo resultan habitualmente perjudicadas. En España las relaciones de vecindad entre autonomías deberían ser tuteladas por un gobierno libre, ecuánime y justo. Un gobierno al que de verdad le importaran principios básicos como los de la igualdad, la solidaridad y el respeto. Pero cuando el gobierno de todos cede, por voluntad o por obligación, a las exigencias de unos la necesaria igualdad se rompe en pedazos.
La primera evidencia de esta situación la encontramos en la contraposición de dos historias similares: los documentos del archivo de Salamanca y los bienes de las parroquias del Aragón Oriental. El Gobierno central decidió aceptar la exigencia de la Generalidad de Cataluña porque entendió que era ella, y no el Estado, la dueña legal, y sobre todo moral, de esos papeles. Sin embargo ahora los aragoneses debemos asistir como esos mismos argumentos de legalidad jurídica y moral no sirven para los partidos políticos de Cataluña. Debemos asistir, entre asombrados e indignados, a la negación, al comportamiento egoísta e irrespetuoso con Aragón de un Parlamento de Cataluña que aprueba por unanimidad de todos los partidos políticos una resolución que impide que se haga justicia. Y debemos soportar además como esta negación a la devolución se ha convertido en firme promesa de futuro al formar parte del programa político electoral del nacionalismo catalán. Una promesa que sin lugar a dudas cumplirán.
La segunda evidencia es la del Archivo de la Corona de Aragón. El parlamento de Cataluña aprobó un Estatuto por el que se otorgaba en exclusividad la competencia sobre parte del archivo y su documentación rompiendo así la unidad y la igualdad de todos sus propietarios. Después de esto y tras la queja de aragoneses, valencianos y baleares asistimos a la promesa del Gobierno de que la gestión del archivo se hará de forma consensuada y sin privilegios. Ayer fueron promesas de creación del patronato, sonrisas y fotografía oportunista, pero hoy sabemos que la intención del nacionalismo catalán no es esa, porque sabemos que uno de los puntos irrenunciables de su programa electoral es el de llevar a la práctica lo aprobado en su Estatuto respecto del Archivo de la Corona de Aragón.
La tercera evidencia es la de la exigencia lingüística. Conocemos la importancia que para ellos tiene este asunto y los cuantiosos esfuerzos que dedican a crear una opinión favorable al catalán dentro de Aragón. Como por ejemplo la subvención de 16.200 euros concedida en el año 2004 por el departamento de Presidencia de la Generalidad de Cataluña al Casal Jaume I de Fraga (Huesca) para las actividades de difusión del catalán en la Franja de Ponent y en aplicación de la Ley de Política Lingüística de la propia Generalidad. Un caballo de Troya lingüístico subvencionado con dinero público.
Sabemos que otro de los puntos irrenunciables del programa electoral del nacionalismo catalán es el reconocimiento oficial del catalán en Aragón. Reconocimiento que pretenden imponer en contra de la opinión y deseo de la mayoría de los hablantes del Aragón oriental. Reconocimiento para el que están dispuestos a enmendar el texto aprobado por el consenso de todos –menos uno- los partidos políticos de Aragón. Sabemos que para el nacionalismo lingüístico decir que en Aragón se habla chapurriao y no catalán es una afrenta imperdonable.
Desde Aragón tenemos que soportar las evidencias de una política que no respeta principios básicos de coherencia, justicia, igualdad y libertad.; y si nos oponemos, si nos atrevemos a denunciar esta situación ante la opinión pública o los órganos de justicia, correremos el riesgo de ser –como lo ha sido el defensor del pueblo- reprobados, insultados, denigrados o ridiculizados.
Que sepan que si lo hacen les estaremos realmente agradecidos, son tres causas por las que merece la pena recibir semejantes epítetos.
Luis Borrás Dolz
Asociació Cultural Lliterana “Lo Timó”
La Llitera (Huesca)
0 comentarios